RICARDO GALLARDO ENTREGA PRELIBERACIONES EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “LA PILA”

El Gobernador del Estado favoreció a 372 personas, de cinco diferentes Centros Estatales de Reinserción Social, dentro del programa de reinserción sin límites, brindándoles la oportunidad de retomar su proyecto de vida.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, refrendó su visión de consolidar un Estado con justicia social y oportunidades para todas y todos, al conceder la preliberación a 372 personas privadas de la libertad de cinco diferentes Centros Estatales de Reinserción Social: “La Pila”, Ciudad Valles, Rioverde, Tamazunchale y el Centro de Reinserción Social Femenil de Tancanhuitz.
En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que esta estrategia, con presencia única a nivel nacional, se ejecuta bajo un enfoque humanista que prioriza la reintegración social y la reconstrucción del tejido comunitario, permitiendo a las y los beneficiarios acceder a una nueva etapa junto a sus familias y con perspectivas renovadas.

Durante el evento, el Gobernador del Estado destacó que toda persona merece la posibilidad de rehacer su vida cuando demuestra voluntad de cambio, arrepentimiento y conducta positiva; añadió que, desde la implementación del programa, no se han registrado casos de reincidencia entre quienes han sido favorecidos, lo que respalda su efectividad y apego a la legalidad.

Asimismo, resaltó que su administración estatal pone a disposición de quienes obtienen su libertad diversas alternativas para su desarrollo, como oportunidades laborales, apoyos para el emprendimiento a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), además de opciones educativas, culturales, capacitación laboral y acceso al deporte.

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que este esquema de reinserción social, sin precedentes en la entidad potosina, es resultado del trabajo coordinado entre el Poder Judicial del Estado, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que ha permitido establecer las condiciones legales y sociales necesarias para otorgar este beneficio a quienes cumplen con los criterios establecidos.