¡A DOS AÑOS DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN SLP, PIDEN GARANTIZAR EL ACCESO SIN BARRERAS!

A dos años de que San Luis Potosí despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, colectivos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres mantienen sus exigencias para que la interrupción del embarazo sea un servicio accesible, seguro y digno para todas.

Entre sus principales demandas se encuentra garantizar la atención sin que las condiciones económicas, el lugar de residencia o la distancia a los servicios médicos se conviertan en obstáculos para quienes deciden abortar.

También piden ampliar el marco legal para que la interrupción del embarazo pueda realizarse después de las 12 semanas de gestación, pues consideran que el límite actual deja fuera a mujeres que enfrentan distintas circunstancias y que también requieren acceso a servicios de salud.

El panorama también refleja una diferencia entre las cifras oficiales y las solicitudes de acompañamiento de las organizaciones. De acuerdo con la Colectiva Las Compas, entre diciembre de 2024 y el 28 de agosto de 2026 recibieron 921 solicitudes de atención, aunque aclararon que no todas representan abortos realizados, sino personas que buscaron información, orientación o acompañamiento. Noticias de San Luis Potosí

Por otra parte, al 6 de agosto de 2026, la Secretaría de Salud reportó más de 400 interrupciones legales del embarazo en instituciones públicas, de las cuales más de 200 se realizaron durante ese año. San Luis El Universal

Sin embargo, las dificultades para acceder al servicio continúan. Las Compas documentaron al menos 45 casos de negativas, retrasos o malos tratos en instituciones de salud entre marzo y agosto de 2026. Además, señalaron que el costo de los servicios privados, que puede alcanzar entre 15 mil y 40 mil pesos, representa otra barrera para las mujeres. Noticias de San Luis Potosí

A dos años de este cambio legal, las organizaciones insisten en que la despenalización debe traducirse en un acceso efectivo, sin discriminación ni obstáculos económicos o geográficos, además de avanzar hacia un marco legal que no limite la posibilidad de interrumpir un embarazo únicamente a las primeras 12 semanas de gestación.